Al conmemorarse el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición, la organización Amnistía Internacional (AI), deploró la falta de coherencia de las cifras oficiales sobre las personas desaparecidas en México y señaló que el Gobierno no ha demostrado que está atendiendo debidamente a los reclamos de los familiares.

En un comunicado de su oficina en México, AI refirió que el 21 de agosto pasado la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) anunció que el número de personas no localizadas sobre las que se presentó una denuncia suman 22,322.La organización defensora de los derechos humanos sostuvo que "prevalece la confusión que ha marcado diferentes aspectos de la política para abordar esta crisis".


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De acuerdo con AI, "una vez más, el Gobierno mexicano aporta una nueva cifra sobre personas no localizadas, sin claridad sobre cómo se obtuvo, ni transparencia alguna".
"No queda claro cómo estas 22,322 personas se relacionan con los datos aportados por la Secretaría de Gobernación el 22 de mayo, que se referían a 8,000 personas, y el 16 de junio, que explicaron que en realidad se trataba de 16,000 personas", anotó.
También expresa preocupación porque en las cifras no se especifica cuántas personas sonpresuntas víctimas de desaparición forzada.
Destaca que, a pesar de que en muchos casos funcionarios públicos están implicados, casi no hay procesos judiciales en su contra ni víctimas encontradas.
"Los pronunciamientos de representantes del Gobierno sobre la crisis de víctimas de desaparición plantean más preguntas que respuestas", indicó el comunicado.
La organización no gubernamental sostuvo que si bien la construcción de un Plan Nacional de Búsqueda es un paso importante para abordar el problema, "no se ha brindado evidencia de que en el día a día las víctimas y sus familiares estén recibiendo una mejor atención".
Tampoco se ha demostrado, añadió, que las búsquedas sean más rápidas, enfocadas, coordinadas o eficaces y que lleven ante la justicia a los responsables, sean funcionarios públicos o delincuentes comunes.
"Es a raíz de información como esta, que demostrará un impacto decisivo en favor de las víctimas, donde el Gobierno empezará a mostrar que realmente está abordando la crisis de las personas desaparecidas", puntualizó.

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El Gobierno mexicano presentó el pasado 21 de agosto su más reciente recuento de personas no localizadas, con un total de 22,322 casos, de los cuales 44 % corresponde al periodo de gestión del actual presidente Enrique Peña Nieto, que se inició en diciembre de 2012.
El Congreso mexicano aprobó en marzo de 2012 una iniciativa que obligaba al Gobierno federal a abrir una base de datos electrónica de personas extraviadas o desaparecidas con el fin de dar seguimiento a los casos denunciados, tras haberse disparado este problema a raíz de la lucha gubernamental contra el crimen organizado.
Llaman a reconocer el comité de de la ONU
En tanto, la ONU llamó al Estado mexicano a reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y a emitir una legislación general e integral en materia de desaparición de personas.
Tras destacar que esta fecha es una nueva ocasión para manifestar su más profunda solidaridad con las víctimas de desaparición y sus familias en el país, la OACNUDH recordó que en México esta conmemoración se enmarca en el 40 aniversario de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, quien fue detenido por elementos del Ejército el 25 de agosto de 1974.
En este contexto, el organismo insistió en que como muestra de su compromiso con las víctimas de este delito y con la comunidad internacional, el Estado mexicano debería reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, tal como le fue recomendado por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Consejo de Derechos Humanos en el segundo ciclo del Examen Periódico Universal.
De igual forma, hizo un llamado al Poder Legislativo para que emita una norma general e integral en materia de desaparición de personas acorde con los compromisos internacionales adoptados por el Estado mexicano, que retome y fortalezca las diversas iniciativas presentadas, incluida la del presidente de la República.