El comandante del ejército golpista, Prayut Chan-ocha,
fue investido como primer ministro, en agosto.
La organización humanitaria Amnistía Internacional acusó a las autoridades militares de Tailandia de participar en lo que llama violaciones generalizadas a los derechos humanos, desde que tomaron el poder en un golpe en mayo.
En un informe sobre los derechos humanos desde el golpe, Amnistía revela detalles de detenciones arbitrarias y amplias restricciones a la libertad de expresión y asegura que hay reportes fiables de tortura.
Las autoridades militares han defendido las medidas como una necesidad para conservar la seguridad.
Amnistía Internacional arguye que las preocupaciones sobre la seguridad no son ninguna justificación para lo que tilda de un inquietante patrón de represión.