Jueces migratorios denunciaron el miércoles una disfunción de las cortes de inmigración en Estados Unidos causante de retrasos y amenazas al debido proceso de miles de casos, incluyendo los menores indocumentados centroamericanos.
"Hay una disfunción aparente en las cortes migratorias hoy", según Marks.Con estadísticas imprecisas y pocos recursos, los tribunales están sobrecargados y operan bajo presión política, resumieron las magistradas Dana Leigh Marks y Denise Slavin, presidenta y vicepresidenta de la Asociación Nacional de Jueces Migratorios (NAIJ, por sus siglas en inglés).
Actualmente, unos 375.000 casos se acumulan en las cortes de inmigración a lo largo de Estados Unidos para solo 227 jueces, algunos de los cuales tienen hasta 2.400 casos bajo su supervisión, indicó.
Según Marks, las cortes migratorias son la "cenicienta del Departamento de Justicia" con recursos equivalentes a solo 1,7% del presupuesto de 18.000 millones de dólares destinado anualmente para inmigración.
En esas circunstancias un inmigrante sin papeles no podrá presentarse ante un juez hasta 15 meses después de ser detenido y deberá esperar hasta cuatro años para argumentar su caso en un tribunal, señaló.
Según las juezas, la solución no sería barata ni tampoco rápida, y requeriría una ley del Congreso.
"Para ser eficientes y operar económicamente, para garantizar justicia, nuestras cortes migratorias necesitan ser independientes, tanto de los fiscales como de los defensores", dijo Marks, una juez federal en San Francisco.
"Nuestro rol es servir como una corte neutral pero paradójicamente estamos albergados en una agencia de cumplimiento de la ley", señaló Marks en alusión al Departamento de Justicia, una rama del Ejecutivo.
"Se nos pide que sirvamos a dos amos a la misma vez", afirmó Slavin, una juez de Miami, denunciando ser "víctimas de los antojos políticos".
La crisis humanitaria subrayada por el arribo ilegal de más de 60.000 niños de México y Centroamérica en lo que va del año dejó al descubierto los huecos en la respuesta de las agencias federales y las cortes migratorias, y exacerbó el debate en Estados Unidos sobre su sistema migratorio.
Enfrentado a la sensible problemática, el presidente Barack Obama ordenó contratar jueces de inmigración adicionales para acelerar los casos de los niños, que en su mayoría esperan ser deportados.
Pero las magistradas creen que colocar a los menores al frente de la fila sería "un error". Esos casos "por su naturaleza necesitan más tiempo para ganarse la confianza del niño que está en una situación de temor", dijo Marks.
Aunque dijo que en 27 años como juez nunca le han dicho cuál debe ser el resultado de un caso, indicó que hay "presiones sutiles" para acelerar los casos "y eso es difícil" de manejar.
El gobierno también anunció un programa para dotar de representación legal a los menores indocumentados, pero Marks y Slavin señalaron que no han visto aún su impacto.
Jueces migratorios denunciaron el miércoles una disfunción de las cortes de inmigración en Estados Unidos causante de retrasos y amenazas al debido proceso de miles de casos, incluyendo los menores indocumentados centroamericanos.
"Hay una disfunción aparente en las cortes migratorias hoy", según Marks.Con estadísticas imprecisas y pocos recursos, los tribunales están sobrecargados y operan bajo presión política, resumieron las magistradas Dana Leigh Marks y Denise Slavin, presidenta y vicepresidenta de la Asociación Nacional de Jueces Migratorios (NAIJ, por sus siglas en inglés).
Actualmente, unos 375.000 casos se acumulan en las cortes de inmigración a lo largo de Estados Unidos para solo 227 jueces, algunos de los cuales tienen hasta 2.400 casos bajo su supervisión, indicó.
Según Marks, las cortes migratorias son la "cenicienta del Departamento de Justicia" con recursos equivalentes a solo 1,7% del presupuesto de 18.000 millones de dólares destinado anualmente para inmigración.
En esas circunstancias un inmigrante sin papeles no podrá presentarse ante un juez hasta 15 meses después de ser detenido y deberá esperar hasta cuatro años para argumentar su caso en un tribunal, señaló.
Según las juezas, la solución no sería barata ni tampoco rápida, y requeriría una ley del Congreso.
"Para ser eficientes y operar económicamente, para garantizar justicia, nuestras cortes migratorias necesitan ser independientes, tanto de los fiscales como de los defensores", dijo Marks, una juez federal en San Francisco.
"Nuestro rol es servir como una corte neutral pero paradójicamente estamos albergados en una agencia de cumplimiento de la ley", señaló Marks en alusión al Departamento de Justicia, una rama del Ejecutivo.
"Se nos pide que sirvamos a dos amos a la misma vez", afirmó Slavin, una juez de Miami, denunciando ser "víctimas de los antojos políticos".
La crisis humanitaria subrayada por el arribo ilegal de más de 60.000 niños de México y Centroamérica en lo que va del año dejó al descubierto los huecos en la respuesta de las agencias federales y las cortes migratorias, y exacerbó el debate en Estados Unidos sobre su sistema migratorio.
Enfrentado a la sensible problemática, el presidente Barack Obama ordenó contratar jueces de inmigración adicionales para acelerar los casos de los niños, que en su mayoría esperan ser deportados.
Pero las magistradas creen que colocar a los menores al frente de la fila sería "un error". Esos casos "por su naturaleza necesitan más tiempo para ganarse la confianza del niño que está en una situación de temor", dijo Marks.
Aunque dijo que en 27 años como juez nunca le han dicho cuál debe ser el resultado de un caso, indicó que hay "presiones sutiles" para acelerar los casos "y eso es difícil" de manejar.
El gobierno también anunció un programa para dotar de representación legal a los menores indocumentados, pero Marks y Slavin señalaron que no han visto aún su impacto.