El estado de Oklahoma determinó este jueves que una mala inserción de la vía intravenosa fue el "principal problema" que provocó que un preso muriera de un ataque cardiaco 40 minutos después de recibir la inyección letal en abril, en un caso que conmocionó al país y reabrió el debate sobre la pena de muerte.
"Esta investigación concluye que la viabilidad del punto de acceso de la vía intravenosa fue el mayor factor único que contribuyó a la dificultad a la hora de administrar los fármacos en la ejecución", indica el informe, de 32 páginas.Cuatro meses después de la muerte de Clayton Lockett, de 38 años, en una agónica ejecución el pasado 29 de abril, el Departamento de Seguridad Pública de Oklahoma publicó el resultado de su investigación sobre el incidente, que incluye recomendaciones para mejorar la aplicación de la pena capital en el estado.
Entre otros fallos relacionados con el entrenamiento del equipo médico, la investigación señala quela autopsia detectó una gran concentración de midazolam en el tejido contiguo a donde se colocó la vía, por lo que "el acceso intravenoso no era viable" cuando se inyectó el fármaco, uno de los tres que componían la inyección letal.
Además, una vez que surgieron los problemas, "el personal involucrado en la ejecución no supo cómo proceder", debido a que había varios planes de contingencia delineados en los protocolos de ejecución del estado.
Por tanto, el informe recomienda que el estado considere nuevos procedimientos para asegurar una mejor inserción de las vías intravenosas y propone que, si el equipo no ha conseguido insertar bien la vía pasada una hora, se detenga el proceso y se contacte al gobernador para que evalúe posponer la ejecución.
Buscan fórmulas alternativas
La investigación también aconseja mejorar la formación del personal encargado de las ejecuciones, tras determinar que el estado no tiene actualmente "un proceso de entrenamiento formal para los paramédicos, los médicos o los encargados de la ejecución y sus roles específicos".
La gobernadora de Oklahoma, la republicana Mary Fallin, encargó la investigación inmediatamente después del fiasco en la ejecución de Lockett, condenado por el asesinato de una joven de 19 años en 1999.
También el presidente Barack Obama ordenó al secretario de Justicia, Eric Holder, un "análisis" de los métodos con los que se aplica la condena a muerte a raíz de este caso.
La ejecución de Oklahoma se sumó a otros ajusticiamientos polémicos que han elevado el debate sobre la pena de muerte, especialmente a raíz del uso de nuevas inyecciones letales y por el secretismo con el que las compran los estados.
La mayoría de los 32 estados donde está en vigor la pena capital en el país tiene problemas para conseguir los componentes con los que se fabricaban las inyecciones letales convencionales, después de que la Unión Europea prohibiera a los fabricantes su exportación.
Ante este escenario, algunos están probando fórmulas alternativas de inyecciones, mientras que Tennessee ha aprobado el uso de la silla eléctrica en caso de que no se encuentren medicamentos para inyecciones letales, y Utah y Wyoming han llegado a debatir la vuelta a los fusilamientos.